Delito contra el derecho de los trabajadores

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Delito contra los derechos de los trabajadores

¿Las infracciones a las normas de prevención de riesgos laborales pueden
tener un reproche penal?

Quienes no faciliten los medios necesarios para que los trabajadores realicen su actividad con las medidas de seguridad e higiene adecuadas, poniendo en peligro su vida o integridad física pueden enfrentarse a penas de prisión de 6 meses a 3 años. Para condenar por este delito no es necesario que se produzca un resultado de fallecimiento o lesiones sino, únicamente, la falta de los medios obligatorios según la legislación en materia de prevención de riesgos laborales es suficiente, siempre que exista un riesgo real.

Ejemplo ilustrativo: albañil trabajando al borde de un edificio en obras sin haber fijado las redes de protección homologadas con riesgo de, en caso de resbalón, caer al vacío.

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¿Quién puede responder por este delito?

El artículo 318 Código Penal establece que podrán ser sancionados los administradores de la compañía o los encargados del servicio, es decir, los empresarios y los responsables de la prevención de riesgos laborales que trabajan en ese proyecto. También pueden imponerse medidas cautelares a la empresa como clausura de locales.

¿Qué otros delitos se pueden cometer contra los derechos de los trabajadores?

El Código Penal también sanciona una variedad de conductas como disponer de una pluralidad de trabajadores sin comunicar su alta en la Seguridad Social o restringir las condiciones laborales que todo trabajador tiene reconocido por convenio colectivo y contrato de trabajo. Los responsables de estos hechos se enfrentan a penas de prisión de hasta 6 años.

Igualmente penaliza las discriminaciones graves por razón de sexo, raza u orientación sexual, entre otras, cuando haya sido requerido por la autoridad administrativa y no haya revertido la situación de discriminación. En estos casos, los autores pueden ser condenados a penas de prisión de hasta 2 años.

Del mismo modo, impedir o limitar el derecho a huelga o al ejercicio de la libertad sindical lleva aparejadas penas de prisión de 6 meses a 2 años.

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¿Qué es el daño reputacional en esta clase de delitos?

Cuando el juez abre una investigación por presuntos delitos contra los derechos de los trabajadores la empresa sufre un daño en la imagen y fama que tiene en el mercado desde ese momento y hasta que acabe el procedimiento judicial, independientemente de que acabe en condena o absolución. Este daño se traduce en portadas de los medios de comunicación o en las redes sociales que generan desconfianza en los clientes, proveedores y las entidades de crédito. Por este motivo, es importante conseguir archivar la causa cuanto antes para evitar que estos perjuicios se prolonguen en exceso haciendo que la empresa pierda valor.

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Porque sabemos cuales son las necesidades de los clientes cuando vienen con este tipo de problemas y tenemos una amplia experiencia en la resolución de estos casos, intentando, en primer lugar, una resolución negociada con la otra parte y actuando con agilidad en el procedimiento judicial. Además, asesoramos a nuestros clientes antes de que se produzcan los accidentes para que reviertan la situación y puedan evitar el resultado fatal.

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